Valencia, 22 de Noviembre de 2011.
Por una educación pública SIN exclusiones.
Hemos confirmado que las Corts Valencianes pretenden aprobar en los próximos días, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2012. Uno de los artículos del -hasta el momento- proyecto de Ley, da libertad al Conseller de Educación para obligar al pago de una matrícula universitaria especial, hasta 5 veces mayor, a todos los estudiantes extranjeros no nacionales de los países miembros de la Unión Europea.
Esto se traduciría en una matrícula anual de entre 4000 y 6000 euros de media, que desde la Consellería se podría imponer de forma completamente discriminatoria, violando de esta forma los derechos que a los extranjeros nos amparan, especificados en el Artículo 13 de la Constitución Española, y completados por la conocida como Ley de Extranjería.
Ante estos hechos, desde la Plataforma de Estudiantes No Comunitarios queremos dejar claro nuestro profundo rechazo a una norma completamente injusta, discriminatoria, inmoral e ilegal. Estos son nuestros motivos:
1. Defendemos el derecho a una educación pública, en Europa y en el mundo entero. Reclamamos el cumplimiento del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
2. Sostenemos que esta medida no es más que una política migratoria encubierta, planteada de forma mentirosa como una forma de “discriminación positiva” hacia los estudiantes comunitarios y que, se dice, está basada en políticas de “reciprocidad”. En muchos de los países de los que provenimos esta excusa de la reciprocidad no es aplicable, ya que los estudiantes españoles no pagan nada, o pagan una cifra muy inferior a la que se paga en las universidades valencianas, y españolas en general. Es igualmente grave afirmar de forma tan contundente a la prensa, que muchos de los estudiantes extranjeros no comunitarios que estudian en las aulas valencianas, provienen de familias acaudaladas o que al menos se encuentran en mejor posición económica que muchas familias españolas. Esta afirmación no está fundamentada en ningún estudio ni informe concreto, y afirmar esto es lo mismo que afirmar lo contrario: que todos los europeos en universidades extra comunitarias son hijos de millonarios cuando todos sabemos que esto no es así.
3. En relación con lo anterior, creemos que esto debe convertirse en un tema diplomático, porque involucra a ciudadanos de otros estados a quienes en ningún momento se les ha consultado sobre sus políticas educativas ni migratorias. Si lo que se pretende es realmente aplicar criterios de reciprocidad, insistimos, lo primero debería ser informarse acerca de los criterios de acceso a la universidad para estudiantes extranjeros que aplican todos los estados involucrados y no sólo EEUU, que ha sido citado en la prensa por el Conseller de Educación, cuyo ejemplo es probablemente el menos ilustrativo.
4. Otra de las excusas planteadas para defender esta medida, es que la Universidad no puede mantener las subvenciones brindadas a los estudiantes extranjeros no comunitarios, tanto por motivos económicos así como también porque los resultados de estos estudios no revierten en nada en la sociedad española. Los supuestos motivos meramente recaudatorios de esta Ley no tienen sustento desde ningún punto de vista, ya que en los países donde se han aplicado políticas similares, el resultado obtenido ha sido el del abandono de las universidades de miles de estudiantes extranjeros. Hablar de que los resultados de los estudios de los extranjeros no revierten en la sociedad española, es otra falacia, ya que no sólo se están creando lazos para posibles colaboraciones futuras (económicas, culturales, políticas, etc.), sino que también los estudiantes extranjeros que aquí cursamos nuestros estudios, también pagamos impuestos en el país, sean directos (en el caso de los que cuentan con un permiso de trabajo) o indirectos (a través de alquileres, compras, seguros médicos…).
5. Criticamos profundamente la hipocresía de ciertos organismos universitarios, comunitarios y estatales que dicen abogar por la integración, la cooperación y solidaridad internacional, pero que sin embargo no se oponen, o incluso apoyan e incentivan medidas como estas.
6. Somos conscientes de los difíciles momentos que viven los países de Europa, y nos solidarizamos con sus poblaciones que están sufriendo duras condiciones de inestabilidad laboral y desempleo. Estas duras condiciones también afectan a los extranjeros no comunitarios, quienes en muchos casos, también hemos perdido nuestros trabajos al dedicarnos a los oficios de las áreas más castigadas de la economía, como son los servicios o la construcción. Pero reivindicamos nuestros derechos, ya no sólo como extranjeros, sino como ciudadanos del mundo, amparados por la Declaración de los Derechos Humanos. Consideramos que la exclusión o la estigmatización de un colectivo concreto, sea cual sea, no contribuye a encontrar una salida a ninguna crisis. No somos los culpables de la crisis económica, sino que -al igual que los trabajadores naturales del país- somos también víctimas de la misma.
7. Creemos que la aprobación de esta medida, supondría la justificación y acentuación del discurso xenófobo que -de forma sumamente irresponsable- transmiten algunos partidos políticos y colectivos sociales a la población.
8. Y, por supuesto, creemos que todos somos iguales y que la condición de ciudadanos de un país determinado, no puede afectar a nuestros derechos como personas. Los principios de “Igualdad, Fraternidad y Solidaridad” tan defendidos por Europa y tan repetidos en el interior de las aulas, deben convertirse en hechos, y dejar de ser sólo palabras.
Por lo tanto, exigimos:
La supresión del artículo citado, incluido en el Proyecto de Ley a aprobarse en los próximos días.El cumplimiento del derecho de todos a la educación, amparado por la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Que los poderes públicos garanticen, como manda la Constitución, el acceso a la educación pública. El acceso a esta educación no puede estar en ningún caso vedado a nadie basándose en motivos de procedencia.
La retirada de los recortes presupuestarios en las universidades públicas.
Que se respete nuestros derechos, recogidos en la Ley de Extranjería.
Porque todos construimos, porque todos contribuimos. ¡Exigimos educación pública sin exclusiones!
Plataforma de Estudiantes No Comunitarios Contra la Subida de las Tasas.
